También levantaron el secreto bancario y fiscal sobre el ex Presidente y el resto de los involucrados. Ercolini pide informes a la UIF y analiza la relación con el broker Martínez Sosa desde 2009 en adelante.
La Justicia Federal dispuso la inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario del ex Presidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga la presunta intermediación irregular de seguros para las distintas reparticiones públicas durante su gestión. Del mismo modo, el Juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto en torno a Reportes de Operaciones Sospechosas que pudieran obrar en la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a todos los imputados. El Juzgado consideró que esta medida cautelar debía ser adoptada a partir del “avance” de la investigación y de las pruebas ya recolectadas en el expediente.
A lo largo de 28 carillas, Ercolini enumeró los alcances de la inhibición general de bienes sobre personas físicas y jurídicas, encabezadas por Fernández, pero que impactan en otros imputados. Pero la medida más relevante con pedido de informes sobre movimientos bancarios apunta a Fernández y a Héctor Martínez Sosa, el broker sospechado por su relación con el exmandatario. La justicia pidió saber todos los movimientos bancarios de ambos pero desde 2009 a la fecha, un período de 15 años.
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