En una entrevista reciente, la abogada misionera Micaela Gacek denunció que se destina casi un millón de dólares al año en pensiones por discapacidad que, lejos de responder a situaciones reales de vulnerabilidad, estarían siendo utilizadas para sostener la estructura del Partido Agrario y Social (PAyS), liderado por el dirigente kirchnerista Héctor “Cacho” Bárbaro.
El relevamiento de la ANDIS señala que 353 personas perciben pensiones no contributivas dentro de un padrón de 689 afiliados partidarios, lo que sugiere la existencia de un esquema de beneficios asignados con fines políticos, más que sociales. Detrás de estas cifras, se configura un sistema de reparto de recursos estatales destinado a financiar lealtades partidarias con fondos públicos.
Cabe recordar que Gacek presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá contra las diputadas del PAyS Blanca Alvez y Elisa Goring, acusadas de haber cobrado estas pensiones en condiciones presuntamente irregulares. La causa fue caratulada como fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, y ya se solicitaron informes a la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública para identificar a otros posibles beneficiarios con vínculos políticos.
El análisis por localidades refuerza las sospechas: San Vicente concentra 191 afiliados y 103 pensiones, Colonia Aurora 108 afiliados y 59 pensiones, y Alba Posse 101 afiliados y 58 pensiones. En todas ellas, la proporción entre afiliación política y cantidad de beneficiarios excede por mucho los promedios esperables, lo que indica una lógica de distribución de pensiones como herramienta de control y fidelización política dentro del partido. Lejos de ser una política de inclusión, el esquema funcionaría como un mecanismo de clientelismo sostenido con dinero público.
Las pensiones no contributivas por discapacidad son una herramienta de protección social dirigida a personas que no pueden generar sus propios ingresos y que padecen condiciones severas de salud.
Sin embargo, en este caso, habrían sido convertidas en una vía para financiar la militancia política, enmascarando la asistencia dentro de un aparato partidario. Esto no solo distorsiona el destino legítimo de los recursos, sino que también vulnera los derechos de quienes realmente necesitan esa ayuda y hoy ven limitado su acceso por estas prácticas.
A los misioneros, este esquema les cuesta más de casi un millón de dólares al año. La estimación se basa en 353 pensiones mensuales de $294.194,02 cada una, asignadas a personas dentro del circuito político del PAyS.
La denuncia también apunta a resguardar el acceso legítimo a las pensiones para quienes realmente las necesitan y a exigir mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Según se remarca, la existencia de un esquema partidario que se financia con fondos destinados a la asistencia social no solo constituye un posible delito, sino que además desvirtúa el sentido de una política diseñada para proteger a los sectores más vulnerables.
