Escándalo en la provincia de Misiones: Denuncian uso de sello médico falsificado en auditorías de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una nueva polémica tras detectarse la utilización de un sello médico falsificado en auditorías realizadas en la localidad de San Ignacio, provincia de Misiones. Pensionados fueron atendidos en condiciones precarias y recibieron constancias apócrifas que ponían en riesgo la continuidad de sus beneficios. El caso ya derivó en una denuncia penal y en un amparo presentado por el Gobierno Provincial.
Cientos de beneficiarios de pensiones por invalidez fueron citados por ANDIS en San Ignacio bajo apercibimiento de perder sus beneficios. Sin embargo, al llegar se encontraron con un operativo improvisado en un restaurante abandonado, sin condiciones sanitarias ni infraestructura adecuada, donde la atención estuvo a cargo de estudiantes de medicina.
Tras largas horas de espera en la calle, los asistentes recibieron una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, un papel sin sello ni membrete oficial, firmado presuntamente por el cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino (Buenos Aires). La constancia advertía que el beneficiario debía presentar documentación adicional en un plazo de 30 días mediante TAD, ANSES o Centros de ANDIS, aunque en Misiones la agencia carece de oficinas propias.
El problema escaló cuando Peñaloza, médico con más de 50 años de trayectoria, negó toda vinculación con la agencia y denunció la usurpación de su identidad profesional: “El sello y la firma no son míos. No coinciden la tipografía ni la rúbrica. Claramente hay una falsificación”, sostuvo en diálogo con Clarín.
El profesional anticipó que este lunes presentará una denuncia penal en Pergamino y calificó de inadmisible la participación de estudiantes en auditorías de discapacidad: “Aunque sean de medicina, no pueden realizar esas evaluaciones”.
Respuesta provincial: amparo judicial y reclamo político
El hallazgo coincidió con la presentación de un recurso de amparo por parte del Gobierno de Misiones ante la Justicia Federal, para frenar las auditorías y retrotraer la situación de los beneficiarios dados de baja.
La Presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que se detectaron al menos un centenar de casos irregulares: “No se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso. El Gobierno Nacional no puede desentenderse de su obligación constitucional. Puede auditar, pero debe hacerlo con transparencia y sin vulnerar derechos”.
El planteo judicial exige la restitución inmediata de todas las pensiones no contributivas suspendidas sin notificación válida y reclama que se establezca un protocolo de auditoría con profesionales matriculados, infraestructura adecuada y respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Impacto institucional y político de la denuncia
El escándalo golpea directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya venía cuestionada por recortes y supuestas irregularidades en la revisión de pensiones. La denuncia por falsificación de sello médico expone un nuevo frente de conflicto para el Gobierno Nacional, que enfrenta cuestionamientos tanto en la gestión como en el plano judicial.
El caso también refuerza el reclamo de Misiones por un trato más equitativo y procedimientos que respeten los derechos de los beneficiarios.
A nivel institucional, la denuncia penal en Pergamino y el amparo en la Justicia Federal podrían derivar en una investigación sobre responsabilidades administrativas y penales, lo que sumaría presión política a la agencia en pleno año electoral.
La combinación de irregularidades administrativas, presunta falsificación documental y vulneración de derechos configura un escenario complejo. El Gobierno Provincial busca frenar las bajas y recuperar la confianza de los beneficiarios, mientras que ANDIS queda en la obligación de dar explicaciones públicas y revisar el mecanismo de auditorías en todo el país.
Si prospera la denuncia penal en Buenos Aires y el amparo en la Justicia Federal, el caso de Misiones podría convertirse en un precedente nacional sobre la legalidad y transparencia de los operativos de control de pensiones por discapacidad.
Fuente.- https://www.canal12misiones.com
