La adhesión total de los gremios del transporte garantizaría un alto acatamiento; la medida durará 24 horas y no habrá movilización callejera; es en rechazo al ajuste y a la Ley Bases
Con la adhesión total de los gremios del transporte, el músculo más vigoroso para garantizar alto acatamiento en una huelga, la CGT activa hoy su segundo paro general en cinco meses contra la gestión de Javier Milei. La protesta, que durará 24 horas y será sin movilización callejera, es en rechazo al rumbo económico del Gobierno y tiene como una de sus finalidades condicionar la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos iniciativas sensibles para los sindicatos porque incluye una reforma laboral y la restitución del impuesto a las ganancias.
El impacto de la huelga, que cuenta con el respaldo político del peronismo y las fuerzas de izquierda, se encamina a ser el más contundente de los últimos 20 años. Ni las diferentes gestiones kirchneristas ni la de Cambiemos habían logrado unir el rompecabezas sindical. Hay que remitirse a la crisis de 2001 o al segundo mandato menemista para encontrar una confluencia multisectorial como la que articulará hoy. Se unirán en rechazo al ajuste y a las reformas libertarias las tres centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y agrupaciones estudiantiles. Hasta se apilaron adhesiones de diferentes centrales sindicales del exterior con advertencias sobre lo que consideran un dramático aceleramiento de la crisis económica y social desde la llegada de Milei al poder.
Los impulsores del reclamo anticipan “un paro total” y proyectan comparaciones con lo que fueron las medidas contra Fernando de la Rúa, el 13 de diciembre de 2001, o la del 8 de agosto de 1996, la primera reacción masiva contra Carlos Menem. El rosario de reclamos contra el Gobierno se divide ahora en dos. Aquellos que son de impacto general, como el ajuste, la caída de los salarios y de las jubilaciones, y las consecuencias de la recesión. Y los otros son sectoriales, que tienen que ver con medidas oficiales que afectarían sustancialmente el desarrollo de diferentes actividades, como podrían ser el freno a la obra pública o la privatización de empresas públicas. El avance libertario para achicar la administración pública logró ayer algo inédito: unió a los gremios estatales de UPCN y ATE, que arrastran una rivalidad histórica, en una denuncia conjunta contra el Gobierno acusándolo de tener intenciones de “desmantelar el Estado”. El portavoz presidencial Manuel Adorni los había desafiado antes con un descuento salarial para aquellos que no asistan a trabajar.
La huelga se concreta en un contexto de alta inflación, aunque con una gradual desaceleración, con el Gobierno muy activo para regular las paritarias y dispuesto a avanzar con un ajuste del gasto público, que contempla fuertes caídas en el poder adquisitivo de los montos de los planes sociales y el salario mínimo, y también de los haberes jubilatorios.
En paralelo, avanza en un proyecto de reforma laboral más acotado de lo que pretendía imponer por decreto y la posible vuelta del impuesto a las ganancias a partir de los salarios superiores a $1.800.000, para los solteros, y a $2.200.000, para los casados con dos hijos. Esto abriría un foco de conflicto adicional con los gremios de personal con salarios más altos, como bancarios, petroleros y transportistas. Se trata del mismo tributo a los salarios que Milei, como diputado nacional, votó para eliminarlo. Eran tiempos de campaña electoral. Ahora, con este atajo, el Presidente busca compensar la caída en la recaudación de las provincias y garantizarse su apoyo a la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en Diputados y se debate en comisión en el Senado.
Como parte de su estrategia, la CGT pretende con el paro condicionar la votación de la Ley Bases. “Hay que voltear la ley en el Congreso o en la calle”, reconoció a LA NACION un jerárquico de la central obrera que el miércoles se reunió en el Senado con el bloque kirchnerista. En caso de un revés legislativo, el aeronáutico Edgardo Llano ya adelantó cuál será la maniobra: escrachar a aquellos legisladores que hayan apoyado la iniciativa oficial.
“Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76% en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”, enumeró la CGT en un inédito comunicado conjunto con las dos vertientes de la CTA.
Tensión y desconfianza
La tensión y la desconfianza guiaron el vínculo entre Milei y los gremios desde que el libertario venció a Sergio Massa en el balotaje presidencial. Se abrió inicialmente un canal de diálogo entre la CGT y el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero la letra chica del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado a fin de año dinamitó los puentes. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. El capítulo laboral del decreto 70/23 quedó suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema, aunque una versión más light fue avalada en Diputados. La nueva reforma mantiene a salvo la caja sindical a partir de un acuerdo entre el Gobierno y sus aliados de Pro, Hacemos Coalición Federal y la UCR, que priorizaron los ítems menos conflictivos, que apuntan a una modernización laboral.
El 24 de enero la CGT activó el primer paro contra la gestión de Milei y se movilizó al Congreso; la medida fue de 12 horas
Así y todo, la CGT avanzó hacia el segundo paro general en cinco meses. Lo hizo a pesar de haber abierto un canal de diálogo con el Gobierno, hace un mes, en lo que fue el primer intercambio oficial. Aquel primer mano a mano, del que participó Santiago Caputo, asesor de Milei, sirvió para destrabar la paritarias de los camioneros y acotar los alcances de la reforma laboral. Los gremios, sin embargo, mantuvieron la guardia en alto y resolvieron no abrir un periodo de tregua. En la CGT se atribuyen la representación de otros sectores que están dispuestos a confrontar contra el Gobierno y los sindicalistas creen que podrían capitalizar este momento, en el que el peronismo atraviesa una crisis interna después del revés electoral del año pasado.
La participación del transporte en su conjunto garantiza dificultades para llegar a los lugares de trabajo. No habrá colectivos, trenes ni subtes. Será un cambio medular con respecto al primer paro que realizó la CGT, el 24 de enero pasado, cuando los servicios se mantuvieron casi todo el día y los gremios se movilizaron al Congreso para rechazar la Ley Bases. La apuesta de hoy es escenificar su poder, condicionar a los legisladores y forzar a Milei a sentarse a negociar con los que el Presidente considera “la casta”.
Por Nicolás Balinotti
Nicolás Balinotti
LA NACION
nbalinotti@lanacion.com.ar
Editor de la Sección Política Nací en 1981 y desde que tenía 6 años supe que quería ser periodista. Llegué a La Nación en 2004. Me desempeñé en la sección de Deportes hasta 2011, cuando me incorporé a Política.
Ubicación:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Áreas de interés:
Especialista en temas sindicales
Reconocimientos
Dos menciones especiales del Premio Adepa – diario La Gaceta (Tucumán) / diario El Ancasti (Catamarca)
Publicaciones
El zar tucumano. La biografía no autorizada de José Alperovich, Editorial Dunken
Foto.- Portada – Télam – Carlos Acuña, Pablo Moyano y Héctor Daer, los integrantes del triunvirato de mando de la CGT e impulsores del paro general contra Milei
Fuente.- https://www.lanacion.com.ar/
